En la llamada operación Rosario fueron apresados, además de José Luis Aneri, el prestamista Antonio Arroyo, que la Policía nombró hace unos años como "el mayor estafador hipotecario de España", y el exdirector general de Viajes Marsans Iván Losada, condenado con anterioridad por participar en la apropiación indebida de los activos de la empresa presidida por Gerardo Díaz Ferrán.
Aneri, Arroyo y Alonso integraban presumiblemente un entramado societario ideado para captar fondos de subvenciones públicas y la ocultación del patrimonio. Fuentes de la investigación han cifrado la supuesta estafa en unos 12 millones de euros.
Para ello se apoyaban en testaferros e intermediarios para, según los investigadores, desviar presuntamente los fondos captados ilícitamente a través de ayudas a la formación para el desempleo de ciudadanos en su mayoría de una nacionalidad diferente a la española.
Estuvo encarcelado un año y medio (de diciembre de 2012 a junio de 2014) como consecuencia de las imputaciones dentro de la Operación Crucero liderada por su jefe, Ángel de Cabo (alias, el liquidador). Se enfrenta a otro año más y pagar 400.000 euros, tras ser condenado por apropiación indebida por parte de las compañías aéreas (no se liquidó el BSP de IATA).
Anteriormente, había sido arrestado -en febrero de 2016- como máximo responsable de una organización dedicada a engañar a personas con problemas financieros y escasos conocimientos para adquirir préstamos con intereses abusivos, de modo que contraían «enormes deudas» que no podían pagar. Durante su «carrera profesional», Arroyo ha llegado a prestar dinero a 1.500 personas. Muchas de las cuales pusieron su casa como aval y terminaron perdiéndola. Para ello, el prestamista subía los intereses por retrasos en el pago, llegando a cobrar hasta un 28 por ciento de más.
También implicado en la estafa de los cursos de formación de la Comunidad de Madrid y estatales, en la que se investiga el destino de unos 15 millones de euros defraudados, de los que cuatro provienen de fondos estatales (Caso Aneri). Apenas un año después de ser detenido, comenzó a organizar un entramado similar con más de 60 empresas nuevas, en las que ya no figura como administrador